Golpe a la Infiltración Criminal en Morelos: FGR y SSPC Desmantelan Red de Financiamiento Ilícito


En una acción coordinada de inteligencia y despliegue en campo, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron un operativo estratégico en el estado de Morelos. Las acciones ministeriales resultaron en la desarticulación de una red vinculada al Cártel de Sinaloa, organización criminal que presuntamente operaba una estructura de financiamiento ilícito dirigida a campañas políticas en la entidad.
Las órdenes de aprehensión cumplimentadas por las fuerzas federales golpearon directamente el ámbito político-administrativo de la región oriente del estado:
Alcalde de Atlatlahucan: Detenido durante los cateos simultáneos y puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para determinar su situación legal.
Exedil de Yecapixtla: Capturado bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Alcalde de Cuautla: Se ha emitido una orden de captura formal en su contra por presuntos nexos con la organización delictiva. Actualmente se reporta como prófugo de la justicia, por lo que se han activado las alertas de búsqueda nacionales e internacionales.
La línea de investigación principal apunta a que los recursos inyectados por el grupo criminal tenían como objetivo asegurar el control territorial y la protección institucional mediante el financiamiento de candidaturas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) colabora en el mapeo de las cuentas y flujos de efectivo utilizados para el fondeo de las estructuras partidistas y de campaña locales.
La SSPC mantendrá un despliegue reforzado de la Guardia Nacional y fuerzas federales en los municipios afectados (Atlatlahucan, Yecapixtla y Cuautla) para garantizar la gobernabilidad y la seguridad de los ciudadanos tras los arrestos.
La FGR presentará las pruebas recabadas ante los jueces de control federales para asegurar la vinculación a proceso de los detenidos, bajo el principio de cero tolerancia a la impunidad y a la complicidad institucional.




















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